Se profundiza en la trama política y judicial que rodea el caso de femicidio en Córdoba, señalando la posible complicidad de figuras políticas y judiciales en la liberación de Barrilier, principal sospechoso.
Se menciona a Ricardo Moreno, abogado de Barrilier, y a su rol como concejal, así como a la supuesta recomendación de 500 personas para ingresar a la administración pública, lo que sugiere un clientelismo político. Se cuestiona la veracidad de un audio de Moreno, quien alega que fue adulterado.
Se critica la actuación del fiscal Garzón por su aparente falta de rigor y su enfoque en la felicitación a perros de rescate en lugar de abordar la gravedad del caso. Se insinúa que la policía, que responde a Quinteros, no encontró pruebas en la casa de Barrilier, lo que aviva las sospechas de encubrimiento.