En un contexto de creciente preocupación por los femicidios y la violencia de género, se aborda la problemática desde diversas perspectivas, incluyendo la actuación del Poder Judicial, el discurso político y la necesidad de políticas públicas efectivas.
Se cuestiona la reticencia de algunos sectores a caratular los casos como femicidio, así como el discurso público que minimiza la gravedad de la violencia de género. Se menciona un proyecto de ley de la senadora Lozada que, según la abogada feminista Sabrina Cartavia, podría desalentar las denuncias y criminalizar a quienes asisten a las víctimas.
Se critica la falta de recursos y la ineficiencia del sistema judicial para proteger a las mujeres, evidenciada en casos como el de Agostina, donde la impunidad parece haber primado. Se señala que el "negocio del género" y la asignación de presupuestos millonarios a planes y ministerios no se traducen en soluciones concretas.
La abogada destaca la importancia de la movilización y la presencia en las calles para reclamar justicia y poner un límite a la violencia. Se subraya la desolación y la falta de confianza en el sistema, especialmente ante el alto índice de incumplimiento de cuotas alimentarias y la dificultad para acceder a medidas de protección efectivas.