Se cuestiona la actuación de la justicia y la clase política en Córdoba en relación al femicidio de Agostina. Se señala que todos sabían del pasado de Barrilier y de la intervención de su abogado, quien era yerno de un concejal, pero la justicia no actuó en consecuencia.
Se revela que Barrilier ingresó a la municipalidad sin presentar certificado de buena conducta, a pesar de tener antecedentes por intento de abuso y privación de la libertad. Esto sugiere una red de protección política que facilitó su contratación y posterior liberación.
El fiscal Garzón y el ministro de seguridad Quintero son señalados por presuntamente desconocer la gravedad de la situación o por su inacción, a pesar de que la defensa de Barrilier conocía las causas anteriores. Se critica la falta de rigor y la posible complicidad en el encubrimiento.