Se cuestiona la relación entre barras bravas y la política en Córdoba, específicamente la designación de Claudio Barrelier, vinculado a una barra brava, en un área de tránsito de la Municipalidad.
El concejal Ricardo Moreno, abogado penalista que intervino en causas anteriores de Barrelier, es señalado por supuestamente haber facilitado su ingreso a la municipalidad. Se menciona un audio donde Moreno se referiría al caso de Agostina de forma despectiva ("se echó un moco"), aunque se aclara que el audio es de un caso anterior.
Se exige una investigación aparte para determinar quiénes contratan a barras bravas como "fuerzas de choque" y si estas personas, que podrían ser "ñoquis", están involucradas en delitos mayores, representando un peligro para la sociedad.