El gobierno de Javier Milei retiró las acreditaciones y huellas dactilares a los 60 periodistas de la Casa Rosada tras una denuncia de la Casa Militar por espionaje ilegal, motivada por un informe de Canal 13 y TN donde un periodista grabó con anteojos cámara imágenes internas. El presidente calificó al 95% de los periodistas argentinos de delincuentes y basura inmunda.
El cronista Lautaro Maislim reportó desde afuera que los periodistas trabajan en bares cercanos sin acceso a su sala de prensa, destacando el rol esencial de la prensa acreditada para informar sobre reuniones como la de Peter Thiel con Milei y Santiago Caputo. El gobierno argumenta medidas preventivas mientras recauda pruebas, pero críticos lo ven como excusa para desviar atención de escándalos como las acusaciones contra Manuel Adorni y la crisis económica.
Panelistas denuncian que la Casa Rosada no es propiedad privada de Milei o Karina, sino espacio público para informar a los argentinos. Mencionan filtraciones de reuniones de gabinete con diferencias de Luis Caputo, quien criticó a funcionarios políticos por papelones pese al ajuste económico. Marcela Pagano presentó denuncia penal contra Milei por impedir ingreso de prensa, y Esteban Paulón junto a otros diputados pidió reapertura de la sala.
Se critica la naturalización de agravios de Milei a periodistas, recordando conferencias de Adorni donde evadió preguntas sobre enriquecimiento ilícito y gastos personales, insistiendo que no debe explicaciones como funcionario. Internas en La Libertad Avanza, con cruces entre Karina Milei, Caputo y figuras como Sebastián Pareja, agravan el nerviosismo gubernamental.
Thiel, dueño de Palantir con contratos CIA y Pentágono, propone implosión mundial y fin de democracias limitantes; panel ve paralelismos con políticas de Milei de destrucción institucional. Gobierno acorralado por inflación alta y descontrol de agenda, usa medida contra prensa como cortina de humo.