El gobierno de Javier Milei impidió el ingreso a 60 periodistas acreditados en la Casa Rosada al retirarles las huellas dactilares de manera preventiva por la filmación con anteojos inteligentes realizada en un informe de TN, calificado por el oficialismo como espionaje ilegal aunque el panel lo descarta como excusa desmesurada para atacar a la prensa.
Panelistas debaten intensamente que la medida es histórica y sin precedentes incluso en dictadura, con agencias internacionales como Associated Press, Reuters y Bloomberg cubriéndola en el mundo, mientras vinculan la decisión a la crisis judicial del gobierno por casos como los viajes y propiedades de Manuel Adorni y un funcionario de Economía con inmuebles no declarados en Estados Unidos.
Critican que el gobierno elige al periodismo como enemigo en un contexto de "malas noticias judiciales", con intromisión del ministro de Justicia para no desestimar rápido la denuncia, aunque coinciden en que la causa se archivará pronto porque no configura espionaje al ser grabaciones en pasillos públicos con nombres propios revelados en TV.
Advierten que la trampa oficial es discutir el contenido del programa en vez del ataque a la libertad de expresión, equiparándolo a limitar circulación como en casos previos de "espías rusos", y especulan que no se resolverá en días dada la postura agresiva de Milei en redes.
El cierre afecta coberturas como la reunión de mesa política y la visita de Peter Thiel, generando ruido global sin justificación real más allá de la molestia por la verdad revelada.