El gobierno propone un nuevo proyecto de ley de discapacidad que incluye reempadronamiento obligatorio, menos prestaciones y cuestionamiento constante de certificados, afectando a 6 millones de personas con discapacidad en Argentina, de las cuales solo 1,9 millones tienen certificado.
La abogada Lorena Irre, de la Asamblea de Discas en Lucha, denuncia que es una ley persecutoria que no cumple la normativa vigente ni la Convención de la ONU, generando retrocesos, falta de acceso a medicamentos, terapias y pensiones. Acusa al gobierno de genocidio planificado contra discapacitados, adultos mayores y jubilados.
Critica el cierre de la ANDIS, degradándola a dirección en Salud, y la visión médica de la discapacidad en vez de social. Compara con países como España con más certificados proporcionales. Exigen al Congreso y Judicial frenar el proyecto ante represión policial y muertes por falta de asistencia.
Irre afirma que el gobierno prioriza élites con blanqueos e impuestos bajos, mientras ignora derechos básicos como PAMI y remedios para diabetes.