El gobierno nacional ingresó al Senado un nuevo proyecto de ley de discapacidad para reemplazar la emergencia aprobada, cuestionada por fraudes. Afecta a 1.200.000 personas con pensiones no contributivas (PNC) por invalidez, exigiendo reanotación con prueba de 66% discapacidad, situación económica, antecedentes laborales y cruces con ANSES y AFIP.
Incluye suspensiones preventivas por incompatibilidades detectadas, revirtiendo la eliminación de prohibición de trabajar que permitía la emergencia (70% haber mínimo, unos 340 mil pesos con bono). Desregula nomenclador de tarifas para fonoaudiólogas, transportes, etc., dejando negociaciones privadas entre prestadores, obras sociales y prepagas.
El gobierno ve más chances en Senado pese a apoyo previo a emergencia. Preocupa que paguen justos por pecadores, con imágenes repetidas de discapacitados demostrando su condición en sillas de ruedas.