El gobierno nacional reenvió al Senado una nueva versión del proyecto de ley contra el fraude en pensiones por invalidez, tras perder la batalla legislativa anterior cuando el Congreso rechazó el veto presidencial.
El ministro de Salud Mario Lugones impulsó cambios clave como reempadronamiento obligatorio, eliminación de aranceles únicos para prestadores, libre competencia entre obras sociales y prepagas, y abandono del certificado único de discapacidad por el esquema de invalidez laboral.
Solo recibirán pensión quienes por su discapacidad no puedan trabajar, lo que revierte ejes centrales de la ley aprobada el año pasado y abre una nueva polémica con la oposición en el Senado, donde La Libertad Avanza tiene mejor correlación de fuerzas.