El gobierno nacional ingresó al Senado un proyecto de ley titulado "contra el fraude de pensiones por invalidez", que modifica la ley aprobada el año pasado para flexibilizar acceso a pensiones por discapacidad e indexarlas a la inflación.
El nuevo texto impone incompatibilidad laboral incluso para trabajos parciales, elimina el nomenclador, quita actualizaciones trimestrales de prestaciones y obliga a un reempadronamiento, reabriendo un conflicto por demoras previas y reclamos de dos años sin resolución.
El oficialismo argumenta falta de recursos y auditorías contra fraude, pero opositores cuestionan por victimizar a personas con discapacidad que sufren en el día a día; el gobierno alega que la Justicia frenó procesos anteriores y denuncia corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad.
Se espera gran debate en el Senado, donde el oficialismo ve mejores chances, en un tema espinoso sin consenso previo.