El gobierno nacional presentó en el Senado un proyecto llamado "contra el fraude de pensiones por invalidez". Exige reempadronamiento obligatorio para todos los titulares, acreditando condición médica, situación socioeconómica y antecedentes laborales.
Establece auditorías, suspensiones preventivas, cruces de datos masivos y suspensión automática por irregularidades. Declara incompatibilidad con cualquier empleo formal y fija pensiones en el 70% del haber mínimo jubilatorio, eliminando extras.
La iniciativa surge en medio de denuncias por incumplimiento de la ley de emergencia de discapacidad.