La senadora María Victoria Guala defendió la modernización del sistema laboral argentino para generar empleo genuino, destacando que las pymes necesitan reglas claras, previsibilidad y menos conflictos legales. Argumentó que apoyar la ley beneficia a las pequeñas empresas, corazón del empleo privado en su provincia La Pampa, y no a grandes corporaciones o patrones abusivos.
Guala rechazó con firmeza el artículo 44, calificándolo de abusivo porque castiga económicamente a los más vulnerables al permitir descuentos por actividades voluntarias riesgosa o enfermedades, invadiendo la vida privada del trabajador. Propuso eliminar la cuota sindical obligatoria para respetar la libertad individual de afiliación, criticando a gremios kirchneristas que solo protestan contra opositores y realizan actividades inútiles como manualidades o pintar carteles.
Reafirmó su compromiso con la aprobación rápida de la ley, asegurando que no la amedrentan amenazas de retenciones en La Pampa, donde miles la eligieron para impulsar transformaciones nacionales.
La senadora Cándida López criticó la reforma como "ley de la esclavitud laboral", enumerando despidos masivos en Tierra del Fuego desde la asunción de Milei: cierre de telecomunicaciones fueguinas con 50 trabajadores en la calle, Aires del Sur en quiebra con 140 ocupando la planta, suspensiones en Sueño Fueguino, Migor y Neusandes, y cierre de textileras como Fabrizur, Teogrande, Cordón Ced, Blanco Nieves, Textil Río Grande y Barplá, dejando menos de 300 de 700 trabajadores textiles.
López denunció que sin la reforma ya hay más de 300.000 desempleados y 21.000 pymes cerradas en dos años, y atacó el artículo 44 por permitir descontar hasta el 50% del salario por enfermedad, llamándolo perverso y cruel. Celebró que desapareciera en Diputados por presión social y sindicatos, acusando a senadores de votar sin leer y autopercibirse empresarios alejados de la realidad obrera.