La nueva ley de imputabilidad a 14 años no es retroactiva pero cambia radicalmente el panorama: antes un menor podía matar y volver a casa esa noche o escapar de institutos como granjas terapéuticas, ahora enfrentará detención real, sanciones penales y limitación de libertad si comprende el delito, con penas máximas de 15 años por pactos internacionales como el de Roma.
La familia responderá civilmente por los daños, terminando con padres que enviaban a hijos a robar sin consecuencias; habrá mediaciones, rehabilitación y castigos más duros para reincidentes, como los usados por bandas narco que explotaban menores impunes. Jueces están contentos pero preguntan dónde ubicarlos, con presupuesto asignado y promulgación inminente por el presidente.
Paradigma histórico desde la víctima, no el delincuente: kirchnerismo romantizó pobreza y delincuencia con garantismo, oposición sin posicionamiento claro votó la ley tras minuto de silencio, con 80-90% apoyo en redes y cero protestas masivas en calles, solo marginales izquierdistas.
Ejemplos como Manuel, el delivery asesinado en Moreno por un menor de 17 que recibió solo 13 años (perpetua si era mayor), o Kim Gómez arrastrada por salvajes uno menor, resaltan el caos previo donde menores escapaban constantemente. Todos los países funcionales tienen imputabilidad más baja; cambio de época con reformas laborales y seguridad, sociedad exige resultados rápidos.
En vivo desde Congreso, vallas retiradas, calle vacía sin cacerolazos ni CGT; gobierno audaz cumple promesas, pero implementación judicial definirá confianza empresaria para empleo.