El Congreso de la Nación inicia una jornada extensa con el debate y aprobación inminente de la Ley Penal Juvenil, que reduce la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para judicializar a menores que cometen delitos graves como homicidios, algo imposible hasta ahora porque quedaban libres.
La norma incluye sanciones alternativas como reparación integral a la víctima, educación obligatoria y tratamientos, reservando la prisión como última opción en institutos separados de adultos para evitar que se conviertan en escuelas del delito; cuenta con amplio apoyo popular pese a los discursos encendidos del kirchnerismo en oposición.
Patricia Bullrich, presidenta del bloque de La Libertad Avanza, celebró la ley que lleva 25 años de proyectos pendientes, la única en América Latina sin régimen moderno post-dictadura, garantizando recuperación rápida para delitos leves pero consecuencias reales para graves, con presupuesto asignado para institutos pese a restricciones provinciales.
Tras la Ley Penal, se tratará brevemente la Reforma Laboral sin el artículo 44 eliminado en Diputados, permitiendo convenios por empresa y provincia, adaptados a productividad local y limitando la cuota sindical solidaria al 2% para imponer austeridad a gremios; el gobierno espera aprobación rápida aunque CGT amenaza judicializarla.
Afuera del Congreso, grupos de izquierda como ATE protagonizan protestas con paro de 24 horas, sumándose otros como docentes y fuero laboral; tensiones escalan con un policía herido por golpes de puño en enfrentamientos, y cortes viales complejizándose con la llegada de más manifestantes.