La senadora Patricia Bullrich defendió con vehemencia en el Senado el proyecto de ley penal juvenil que baja la imputabilidad a 14 años, modificado desde los 13 originales, e incluye nueve tipos de sanciones alternativas para frenar carreras delictuales desde el primer delito.
Bullrich resaltó la responsabilidad civil de los padres por los ilícitos de sus hijos, criticando la 'adolescentización' parental que deja a los menores sin referencias, y respondió a opositores como los senadores Jorge Capitanich, Salino y Zamora, insistiendo en que son penas nacionales, no medidas procesales provinciales, garantizando igualdad ante la ley.
Comparó con Brasil, donde menores asesinos salen libres pronto generando impunidad, y citó países como Alemania, Austria, Italia, Perú y Francia con sistemas similares. Subrayó que la prisión es el último recurso para casos gravísimos como homicidios, con penas de hasta 15 años, y prohibió la convivencia de menores con adultos en cárceles.
La ley prioriza derechos de las víctimas, que podrán opinar en el proceso, recibir patrocinio jurídico gratuito, asistencia psicológica y reparación, corrigiendo lógicas pasadas como las de Zaffaroni que ignoraban a las víctimas. Incluye un supervisor para cumplir medidas y prevenir venganzas o dominios territoriales como en Rosario antes de intervenciones federales.
Bullrich enfatizó la necesidad de orden social, regionalización de institutos para menores en provincias con baja conflictividad como La Rioja y Catamarca, y mandatos para una sociedad civilizada donde 'si las hizo, las paga', devolviendo Rosario a su esplendor cultural.