Se analiza la compleja situación de la falta de suministro eléctrico en un barrio, donde la responsabilidad se diluye entre la empresa distribuidora (Edenor), el municipio y el ente regulador (ENRE).
Los vecinos manifiestan su deseo de pagar por el servicio y contar con medidores individuales, pero la falta de inversión en infraestructura por parte de la empresa y la burocracia impiden una solución.
Se discute si la falta de rentabilidad para la empresa es el motivo principal de la demora, y se plantea la necesidad de una decisión política para garantizar el acceso a la electricidad.
La ausencia de medidores individuales y la dependencia de conexiones clandestinas o medidores comunitarios generan inseguridad y problemas recurrentes para los habitantes del barrio.