Se denuncia la falta de mantenimiento de las rutas en todo el país, a pesar de que se cobra el impuesto a los combustibles con asignación específica. Se califica esta situación como un "delito" y una "malversación de fondos públicos".
Se argumenta que los fondos recaudados no se destinan al mantenimiento de las vías, sino que se utilizan para cubrir el "déficit cero", poniendo en riesgo la vida de las personas que transitan por rutas productivas.