El Parlamento griego aprobó una ley que acelera la deportación de solicitantes de asilo rechazados, permitiendo su traslado a centros de detención y deportación fuera de Europa tras la firma de acuerdos bilaterales con terceros países.
El gobierno griego busca sostener su política migratoria presionando por una legislación más dura y exigiendo a las autoridades locales que asuman su parte del problema. Grecia está negociando con países como Holanda, Dinamarca, Alemania y Austria para establecer centros conjuntos de retorno y tránsito.
Estas nuevas reglas, acordadas por gobiernos y legisladores europeos, permiten enviar a migrantes con orden de salida del bloque a centros en terceros países. Organizaciones de derechos humanos han denunciado la medida por su potencial de abuso.