Suecia implementa nuevas leyes para endurecer la política migratoria, enfocándose en la deportación de inmigrantes que cometen delitos.
Se introducen dos medidas principales: la "ley del soplón", que obliga a cualquier persona a reportar actividades delictivas de inmigrantes bajo pena de ser considerado cómplice, y la "ley del delito", que establece la deportación inmediata para cualquier inmigrante acusado de un delito, sin importar su gravedad.
Estas políticas buscan reducir el índice de criminalidad entre las comunidades inmigrantes y se suman a medidas de recompensa para aquellos que mantengan un buen comportamiento, como la posibilidad de reunificación familiar.