Se cuestiona la estrategia de Adorni de evitar la imputación por enriquecimiento ilícito, buscando que se le aplique omisión maliciosa, un delito excarcelable. A pesar de esto, quedaría inhabilitado para ejercer cargos públicos.
Se analiza la conversión de criptomonedas en dólares, una operación compleja que podría involucrar casas de cambio y requerir testimonios. La justicia tiene un amplio campo de investigación en este caso.
Expertos como la doctora María Eugenia Tallerico y el colega Manuel Romero Vittorica coinciden en la dificultad de sostener la defensa de Adorni, quien alega haber atesorado dinero proveniente de un padre fallecido o de una inversión inicial en criptoactivos. Consideran que su argumento de haber atesorado fondos mientras estaba en el sector privado es inconcebible.