La justicia argentina ha intensificado la investigación sobre el vocero presidencial, Manuel Adorni, en relación a su declaración jurada de bienes y posibles enriquecimientos ilícitos. El fiscal Carlos Policita solicitará una batería de medidas de prueba, incluyendo el análisis de anexos reservados de sus declaraciones y su adhesión al régimen simplificado de ganancias junto a su esposa.
El eje central de la investigación se centra en la adquisición y trazabilidad de criptomonedas, que Adorni mencionó como parte de su patrimonio. La justicia busca determinar si estos activos digitales son rastreables y si su origen se remonta a antes de su ingreso a la función pública. La situación procesal de Adorni se ha complicado, y fuentes judiciales indican que ya no se considera un simple "error" o "falta ética", sino que podría configurar un delito de enriquecimiento ilícito.
Se barajan al menos tres delitos: omisión maliciosa en la declaración jurada, evasión tributaria y falsedad ideológica. La rectificación posterior de sus declaraciones no eximiría de responsabilidad penal, especialmente al tratarse de un funcionario público. La defensa de Adorni, inicialmente política, ahora se enfoca en la esfera judicial, con su abogado intentando reconstruir su patrimonio y justificar el origen de sus bienes.