El empresario Marcelo Porcel, acusado de abuso sexual infantil contra diez jóvenes, fue procesado pero aún no lleva tobillera electrónica, a pesar de que la justicia lo había establecido. Se lo vio rezando en la Basílica de Luján, generando controversia.
La Cámara de Casación había ordenado la colocación de la tobillera, pero existen dudas sobre si se concretó. La defensa de las víctimas critica la falta de inmediatez en la medida, argumentando que un delito de tal gravedad debería implicar prisión preventiva o, como mínimo, el uso de dispositivos de vigilancia. La situación genera indignación, dado que los acusados cuentan con recursos para abogados y podrían acceder a beneficios.