Se critica duramente la actuación de los fiscales de Córdoba, especialmente en relación con el caso de Agostina y la liberación de Barrelier. Se denuncia la connivencia entre el poder político y judicial, y se cuestiona la designación de cargos y ascensos a personas con antecedentes delictivos.
Se menciona el caso de los bebés, donde fiscales como Garzón y Rodríguez habrían investigado hasta cierto nivel pero sin llegar a los responsables máximos. Se critica el nepotismo en la justicia provincial, con designaciones de familiares en altos cargos.
Se pone en duda la imparcialidad de los fiscales y se sugiere que sus decisiones están influenciadas por intereses políticos. Se pide celeridad en los jury de enjuiciamiento y se expresa escepticismo sobre su efectividad.