Se reanuda el debate sobre la pena de muerte y su posible aplicación en Argentina, cuestionando la constitucionalidad y los pactos internacionales firmados.
Se argumenta que la pena de muerte no es la solución y que se debe garantizar el debido proceso, evitando la justicia por mano propia.
Se plantea la necesidad de debatir una reforma constitucional que contemple penas más severas para los delincuentes.