Se debate la posibilidad de la "pena de muerte" como respuesta social ante la brutalidad del femicidio de Agostina Vega y la liberación previa de su agresor, Barrelier. Sin embargo, se advierte que esta demanda popular podría, irónicamente, encubrir a otros involucrados en el caso.
Se critica la actuación del fiscal, quien habría manejado la causa de forma conveniente para evitar que escalara. Se sugiere que el fiscal "se calla mucho" y que tiene "todo armado" para proteger ciertos intereses. La discusión apunta a un posible encubrimiento que podría llegar a involucrar al gobernador y a la estructura política de Córdoba.