Se denuncia la existencia de fiscales que direccionan las investigaciones según las necesidades del poder político y estudios jurídicos oportunistas que buscan orientar la comunicación. Se afirma que esto se repite en Córdoba desde hace 28 años, creando un entramado donde conviven la política, los negocios, la droga y los barras bravas.
Se cuestiona la actuación del fiscal Garzón y se le exige que no se calle, a pesar de las posibles consecuencias. Se menciona que Barrelier, el imputado, habría actuado con impunidad y que vecinos habían denunciado actividades extrañas en su casa. Se critica la falta de acción judicial y policial ante estas denuncias.