En Córdoba, la indignación social se dirige también hacia los políticos por la aparente falta de atención a la familia de Agostina mientras se celebraba un triunfo deportivo. Se piden juicios políticos para los fiscales involucrados en la liberación del agresor en un caso anterior.
Se revela que el detenido trabajaba en la intendencia y tenía conocimiento sobre el funcionamiento de las cámaras de seguridad, lo que podría explicar la falta de registro del crimen. El concejal Moreno, quien habría facilitado su ingreso a la municipalidad, también es cuestionado.