Se denuncia que Barrelier, el imputado en el caso Agostina, operaba con impunidad desde una casa donde se vendía droga y funcionaba como "aguantadero". A pesar de las denuncias de vecinos, el fiscal Garzón parece haber ignorado la situación. Se menciona que Barrelier fue empleado municipal y tuvo vínculos con la política.
Se critica la inacción de la justicia y la policía, así como la actitud del ministro de seguridad, mientras los vecinos vivían atemorizados. Se cuestiona la exigencia de testimonios a vecinos que temen represalias, en contraste con la pasividad de las autoridades. Se señala que el narco se ha adueñado de muchos barrios y que la situación es una "realidad lamentable" que "parte el alma".