El caso de Agostina Vera conmociona Córdoba y pone en el centro del debate la relación entre la política y la delincuencia. Se investiga la posible protección que Fernando Barrelier, principal sospechoso del femicidio, habría recibido por parte de figuras políticas locales.
La investigación señala al concejal Ricardo Moreno como una figura clave en la supuesta protección de Barrelier, quien ya contaba con antecedentes penales y había sido denunciado por violencia de género. Se cuestiona cómo un hombre con un prontuario tan oscuro pudo acceder a un puesto en el municipio de Córdoba y cómo se habrían facilitado sus movimientos.
El fiscal Garzón también es señalado por presuntas irregularidades en la investigación, sumado a la sospecha de que la política actúa como un escudo para proteger a individuos con perfiles psicopáticos y delictivos, quienes a su vez podrían realizar "trabajos sucios" para los dirigentes.
El programa repasa otros casos resonantes donde la política parece haber encubierto o protegido a personas con antecedentes graves, como el de Daniel Muñoz, exsecretario de Néstor y Cristina Kirchner, o el clan Sena, vinculado a Jorge Capitanich. Se plantea la pregunta de por qué los políticos recurren a este tipo de personajes y qué servicios obtienen a cambio.
Finalmente, se mencionan otros casos de funcionarios con graves acusaciones, como Facundo Leal, detenido con una gran suma de dinero y drogas, y Adorni, investigado por enriquecimiento ilícito, lo que refuerza la idea de una transversalidad de la corrupción en la política argentina.