Se discute la figura del allanamiento fiscal como herramienta para agilizar procedimientos en casos de urgencia, especialmente cuando la vida de una persona está en riesgo, como en el caso de Agostina Vega.
Se argumenta que ante una alerta de posible peligro, el fiscal debería tener la facultad de ordenar un allanamiento inmediato sin necesidad de esperar la autorización judicial, priorizando la vida por sobre los trámites burocráticos.