Se critica la decisión del fiscal de no activar el "Alerta Sofía" de manera inmediata ante la desaparición de Agustina, basándose en la suposición de que se fue voluntariamente con un conocido.
Se argumenta que el protocolo exige actuar ante la peor hipótesis (trata de personas) ante la desaparición de un menor, y que la Alerta Sofía, una vez activada, debería haberse mantenido.
Se compara con el caso Kim, donde también se cuestionó la actuación judicial y se resalta la importancia de seguir la investigación con base en hipótesis y pruebas, sin dejarse guiar por las declaraciones del imputado.