Se sospecha de una posible protección política hacia Barralie, argumentando que un fiscal evitó mencionar la palabra femicidio. Se cuestiona la demora en el allanamiento de la vivienda del principal sospechoso, ocurrido días después de la denuncia.
Se sugiere que esta demora y la falta de medidas de protección en la escena del crimen, a pesar de las advertencias de los peritos sobre olores extraños, indicarían una posible influencia negativa y una especie de "influencia negativa" por parte de "padrinos políticos".