El gobierno nacional, a través de un decreto, dejó de financiar los pasajes gratuitos para personas con discapacidad y pacientes oncológicos en colectivos de larga distancia, trasladando la responsabilidad a las empresas de transporte. Esta medida pone en riesgo el acceso a tratamientos para muchos pacientes.
Las empresas de autobuses, que reclaman una deuda de 27 mil millones de pesos por parte del Estado, se niegan a hacerse cargo del costo de estos pasajes, argumentando que ya cumplen con la ley que los garantiza de forma gratuita. La situación genera gran incertidumbre para los beneficiarios, que dependen de estos pasajes para trasladarse al interior del país.