El Gobierno Nacional, a través de la Secretaría de Transporte, eliminó un régimen que subsidiaba los pasajes gratuitos para personas con discapacidad, trasplantadas y niños con cáncer en colectivos de larga distancia.
Si bien el pasaje gratuito se mantiene por ley, el Estado dejará de cubrir el costo económico, obligando a las empresas a absorberlo. Las empresas alegan que el gobierno les adeuda 27 mil millones de pesos y que esta medida es una respuesta a la falta de pago.
El conflicto se reabre entre el gobierno y los empresarios de colectivos de larga distancia, mientras que los beneficiarios se ven afectados por la incertidumbre sobre la continuidad real del servicio gratuito.