El gobierno dejó de compensar a las empresas por los pasajes gratuitos de larga distancia para personas con discapacidad, generando incertidumbre sobre quién se hará cargo de los costos.
Aquellos con el certificado correspondiente podrán seguir viajando sin cargo, pero las empresas del sector guardan silencio ante la consulta sobre la financiación.
La medida genera angustia en familias que dependen de este beneficio y del apoyo estatal.