El gobierno boliviano enfrenta un cerco de organizaciones sindicales, sociales y cocaleras que exigen la renuncia del presidente Rodrigo Paz, en el cargo hace seis meses. Los manifestantes, en su cuarta semana de conflicto, acusan al gobierno de inoperancia, incumplimiento de reformas y servilismo a Estados Unidos.
El oficialismo, en tanto, habla de un golpe de estado orquestado por Evo Morales, expresidente y prófugo de la justicia, quien se sumó a las demandas de renuncia. Las protestas en La Paz derivaron en graves hechos de violencia y enfrentamientos con la policía, llevando al gobierno a considerar la invocación del estado de excepción.
Los bloqueos mantienen parcialmente aislada La Paz, generando escasez de combustible y aumento del costo de vida. El presidente Paz anunció una rebaja salarial del 50% para el cargo presidencial como medida de esfuerzo, pero las protestas continúan. El gobierno ha organizado puentes aéreos para transportar alimentos ante la escasez.
Evo Morales, acusado de instigar las protestas, pide la renuncia de Paz y nuevas elecciones. El gobierno estudia declarar el estado de excepción, pero enfrenta un impedimento legal debido a la Ley Copa, aprobada en 2020, que limita esta facultad del Ejecutivo. La Cámara de Senadores ya abrogó la norma, pero falta la aprobación de la Cámara de Diputados.