La economía boliviana atraviesa una crisis marcada por la escasez de dólares y combustible, lo que ha llevado a la suspensión de subsidios y un incremento de precios.
Se reporta desabastecimiento de productos básicos como el pollo, afectando la dieta de la población, que se ve obligada a recurrir a carne vacuna, habitualmente más cara y de menor calidad.
El combustible ha sido adulterado, provocando daños en los vehículos y afectando el transporte, crucial en un país montañoso como Bolivia.
El malestar social ha generado cortes de rutas y protestas, en un contexto donde el gobierno de Luis Arce enfrenta dificultades para gestionar la crisis sin recurrir a medidas represivas que podrían escalar el conflicto.