Se analiza que las protestas en Bolivia, aunque organizadas, carecen de la legitimidad de una crisis social generalizada como la de Argentina en 2001. Se percibe una resistencia "corporativa" contra un gobierno democrático.
Se establece un paralelismo con enfrentamientos al gobierno de Milei en Argentina, sugiriendo una raíz corporativa similar, como el reclamo de la CGT por no ser escuchada en la reforma laboral. Se enfatiza el principio republicano de que el pueblo delibera a través de sus representantes.