El gobierno incumple la ley de emergencia en discapacidad aprobada en 2025 pese a rechazo del veto congressional, dejando centros cerrados, niños sin tratamientos y hogares sin pagos desde octubre, lo que genera colapso en el sistema y familias en crisis.
Valentina Bassi, madre de un joven con discapacidad, denuncia que Mario Lugones, ministro de Salud, destruye el sistema para beneficiar prepagas, exigiendo juicio político y diálogo negado. Familias marchan por derechos constitucionales a terapias, medicación y autonomía, con electrodependientes en riesgo extremo.
El Estado paga solo el 16% de prestaciones básicas vía Incluyesalud, adeudando meses, mientras centros luchan por comida y asistencia. Bassi explica el día a día: acompañar desafíos constantes sin renunciar, percibiendo el mundo con mayor felicidad ingenua gracias a su hijo Lisandro.
La comunidad se organiza en solidaridad inédita, representando a quienes no pueden movilizarse, y apela a la sociedad para no avalar ajustes crueles que financian superávit fiscal quitando derechos a vulnerables en favor de clases altas y cerealeras.