El Ministerio de Seguridad de la Nación dispuso mediante resolución 336-2026, publicada hoy en el Boletín Oficial, la instalación de un bloqueo tecnológico selectivo de celulares en el Servicio Penitenciario Federal a nivel nacional. El sistema detecta dispositivos activos por IMEI e IMSI, geolocaliza señales desde penales y solicita a compañías telecomunicaciones bloquearlos puntualmente vía orden judicial, evitando inhibidores generales que afectan barrios enteros.
La medida busca frenar la organización de delitos desde cárceles, como estafas, amenazas, call centers delictivos y coordinación criminal, incluyendo casos como el suicidio de un oficial del Ejército por presiones. Anteriormente se usaban inhibidores de saturación en lugares como Rawson o Devoto, pero generaban problemas colaterales. Ahora es preciso: monitoreo 24 horas identifica aparatos en penales y los bloquea sin afectar guardiacárceles ni vecinos.
Expertos como Alejandro Yamandú, excomisario, valoran la decisión como valiente para marcar política contra celulares en penales, contrastando con provincias como Buenos Aires donde persiste por fallos judiciales de 2020 que lo permiten por "humanidad". La ley 24.660 prohíbe celulares, garantizando comunicaciones autorizadas por líneas fijas. Panelistas debaten efectividad: no infalible ante cambios de chips, pero reduce violencia y delitos externos.
Críticas señalan que celulares bajaron violencia interna en cárceles superpobladas, facilitan control a guardias, pero prevalecen riesgos delictivos. Negocio penitenciario incluye venta de líneas; implementación requiere coordinación con empresas y justicia para bloqueo inmediato.