El Servicio Penitenciario Federal instaló cinco antenas en la cárcel de Ezeiza, empezando por Seiza, que captan señales de celulares usados por presos para interceptar llamadas, WhatsApp y redes sociales, detectando el origen exacto y permitiendo bloqueos o requisas.
La medida evita inhibidores por derechos humanos, tras requisas de 4.000 teléfonos. Muestran imágenes internas de monitoreo, lockers para empleados y centros de control como "gran hermano". Graciela Dubrés, del Observatorio Internacional de Prisiones, criticó el aislamiento indirecto y pidió políticas de Estado con reinserción, no populismo penal.
El panel debatió beneficios contra estafas virtuales desde cárceles, proponiendo limitar números autorizados (familia, abogados). Dubrés defendió celulares para alertar abusos intramuros y emergencias médicas, exigiendo inteligencia y requisas selectivas. Mencionaron call centers delictivos y corrupción penitenciaria.
Compararon con cárceles bonaerenses donde presos tienen celulares por fallo judicial, generando delitos. Insistieron en comunicación controlada sin descontrol de influencers presos.