El Ministerio de Seguridad dispuso la instalación de un bloqueo tecnológico selectivo de celulares en todas las cárceles del Servicio Penitenciario Federal mediante la resolución 336-2026 publicada en el Boletín Oficial. El sistema detecta dispositivos activos por IMEI e IMSI, geolocaliza señales emitidas desde penales y solicita a las compañías de telecomunicaciones bloquearlos puntualmente vía orden judicial, evitando inhibidores generales que afectan barrios enteros.
Expertos explicaron que esta medida busca impedir que delincuentes presos cometan delitos desde prisión, como en el caso de la banda del Millón. Alejandro Yamandú, excomisario, la calificó de valiente pero no infalible, destacando diferencias con cárceles bonaerenses donde fiscales como Ferrari denuncian operaciones criminales continuas. Se mencionó el uso previo de inhibidores en lugares como Rawson o Bower, pero problemáticos en zonas urbanas como Devoto.
La ley nacional 24.660 prohíbe celulares en prisiones y garantiza comunicación por vías autorizadas como teléfonos fijos. En 2020, un juez bonaerense permitió celulares por humanidad, norma que persiste en esa provincia. El panel debatió la efectividad: penitenciarios venden aparatos, cambió el paradigma post-pandemia cuando se facilitaban comunicaciones, y bajó la violencia pero facilitó delitos.
Se propusieron alternativas como teléfonos controlados, tablets sin datos o trabajo para presos ociosos. Leonardo Sigal criticó que es "venta de humo" pues cambian números rápido y penales federales son más caros sin resolver. El debate concluyó reconociendo realidades como superpoblación, bajos sueldos y guardiacárceles prefiriendo presos "entretenidos".