El gobierno nacional presentó en el Senado el proyecto "Contra el fraude de pensiones por invalidez", que obliga a rentadronamiento para todos los titulares de pensiones no contributivas, acreditando condición médica, socioeconómica y antecedentes laborales.
Incluye auditorías médicas periódicas, cruces de datos masivos, suspensiones automáticas por irregularidades, incompatibilidad con cualquier empleo formal y fijación en 70% del haber mínimo jubilatorio, sin extras.