El panel cuestionó la lógica económica de las operaciones inmobiliarias de Manuel Adorni, quien enfrenta dudas sobre el origen de los fondos para múltiples compras, incluyendo departamentos en Caballito y Almagro, y una casa en un country.
Adorni pagó seña de 30 mil dólares por el departamento de Caballito valuado en 200 mil dólares, con saldo a un año sin intereses de las jubiladas Beatriz Viegas y Claudia Esbago, cuyo hijo Pablo Martín Feijóo, amigo de Adorni, ingresó a la Jefatura de Gabinete horas antes de la operación. El juez Ariel Lijo ordenó levantar secreto fiscal y bancario a Adorni, su esposa, las jubiladas y policías Graciela Molina Cancio y Victoria Cancio, involucradas en préstamos similares de 85 mil y 15 mil dólares.
Las explicaciones no cierran: jubiladas y policías con sueldos bajos prestan sumas millonarias sin intereses ni garantías sólidas, mientras Adorni debe cuotas mensuales de 22 mil dólares con un sueldo de 8 millones de pesos. Se sospecha maniobra de plata negra desde la compra inicial al jugador Hugo Morales, y falta en declaraciones juradas.
La escribana defendió la operatoria como legal y asegurada por hipoteca, pero el panel destacó irregularidades como no declarar a Adorni como persona expuesta políticamente y exponer prestamistas a riesgo. Además, cuestionaron gastos como vuelos pagados por Jefatura de Gabinete y un Jeep Compass.
Esto genera contradicción con el discurso anticorrupción del gobierno de Milei, que promete cortar cabezas por corrupción.