La investigación por enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete Manuel Adorni y su esposa Bettina Angeletti avanza con nuevos datos sobre un entramado inmobiliario. El juez Ariel Lijo, a pedido del fiscal Gerardo Policita, levantó el secreto bancario, fiscal y bursátil para rastrear la ruta del dinero de propiedades incompatibles con sus ingresos, como departamentos en Miró 548 y otros financiados por jubiladas.
Pablo Feijo y Leandro Milano, hijos de las jubiladas prestamistas, dieron seña inicial por el departamento y son socios en constructoras TJS Group y ABDA SRL, aliadas con MRC Construcciones, que edificó el edificio en Miró donde Adorni compró. Esto revela un círculo cerrado de relaciones, según reveló el exfutbolista Hugo Morales.
La escribana que intervino, amiga de Adorni hace 20 años, no detectó compras previas en 15 años y debió verificar origen de fondos como persona políticamente expuesta (PEP), con reportes a UIF. La presidenta del Colegio de Escribanos confirmó obligaciones de control ante PEP. Gastos suman 80 mil dólares de bolsillo más viajes en avión presidencial y reformas.
El escándalo genera impacto político en Casa Rosada, con ratificación de Milei pero rumores de novedades y baja imagen presidencial al 28%. Andrés Gil Domínguez criticó violación ética pública, irregularidades en hipotecas y falta de denuncia UIF, calificando al gobierno como supercasta.