La ley de amnistía aprobada el 19 de febrero por la presidenta encargada Belsi Rodríguez excluye a presos políticos militares acusados de rebelión, traición y conspiración, además de delitos como homicidio, y no deroga leyes contra el odio que permiten reprocesar liberados.
Más de 650 presos políticos fueron excarcelados tras el operativo estadounidense contra Nicolás Maduro el 3 de enero, pero casos como el de Javier Tarazona, detenido cuatro años y seis meses por denunciar guerrilla colombiana, quedan fuera; Tarazona enfrenta incitación al odio, traición y terrorismo, con fiscales y jueces acusadores ahora presos por corrupción.
Tarazona sufrió torturas físicas y psicológicas en el helicoide, incluyendo descargas eléctricas, asfixia con bolsas de insecticida, aislamiento y negación de atención médica; transformó su celda en aula enseñando filosofía y poesía, pero vive restricciones como presentarse semanalmente en tribunales y prohibición de salida del país.
La ONG Foro Penal denuncia más de 500 presos de conciencia restantes, torturas sistemáticas como arrodillamientos prolongados y celdas de castigo; abogados exigen desmontar aparato represivo, mientras madres vigilan por liberaciones a cuentagotas desde enero.
El presidente de la Asamblea Nacional afirma que 7.600 se beneficiaron y 240 liberados, cifra superior a ONGs; se creó comisión para evaluar casos excluidos, pero persiste la persecución política.