La ley de amnistía aprobada en Venezuela por la presidenta encargada Delcy Rodríguez excluye a cientos de presos políticos, especialmente militares acusados de rebelión y traición a la patria. Aunque el oficialismo la presenta como un acto de grandeza tras la caída de Nicolás Maduro el 3 de enero, juristas y ONGs la cuestionan por sus limitaciones y por no derogar leyes que criminalizan la disidencia, como la ley contra el odio.
La norma beneficia solo a investigados, procesados o condenados por conflictos políticos entre 1999 y febrero de 2026, pero omite delitos como homicidio intencional, ataques a la soberanía o incursiones armadas, dirigidos aparentemente contra líderes opositores como María Corina Machado y su movimiento. Madres de militares de la Operación Gedeón mantienen vigilias ante liberaciones a cuentagotas, denunciando traslados a cárceles peores y falta de contacto.
Casos como el de Jefferson Ricardo Cariel, abogado de derechos humanos recluido tres años y medio en el Helicoide por un caso fabricado, ilustran represalias políticas. Familiares relatan muertes sin despedidas y torturas sistemáticas: asfixia con bolsas de insecticida, descargas eléctricas, aislamiento y celdas de castigo sin sol.
Javier Tarazona, liberado tras 1.675 días de prisión por denunciar guerrilla colombiana, no entra en la amnistía pese a imputaciones por odio y terrorismo de fiscales ahora presos por corrupción. Aunque el gobierno reporta más de 7.600 beneficiados y 240 liberados, Foro Penal estima 500 presos de conciencia restantes y exige voluntad política para desmontar la represión.
La emisión de Enlace desde Venezuela concluye destacando que sin cambios estructurales, la persecución política persistirá.