En la Venezuela post-Nicolás Maduro, el gobierno interino enfrenta un colapso heredado del chavismo en sectores clave como petróleo, educación, salud, seguridad y derechos humanos. La producción petrolera cayó de 3,2 millones de barriles diarios a medio millón en 2020 por corrupción y desinversión, mientras el crimen organizado como el Tren de Aragua se expandió regionalmente desde barrios a países como Colombia, Perú y Chile.
El sistema de salud llegó al final de la era Maduro en estado crítico, con solo 4 de cada 10 quirófanos operativos, desabastecimiento del 37% en emergencias y 74% en quirófanos, hospitales en ruinas y éxodo de personal. La nueva embajada de Estados Unidos envió seis toneladas de medicinas, un paso inicial para recuperación junto a retornos de migrantes capacitados.
La corrupción, calificada por Transparencia Internacional como la peor del continente y tercera mundial (puesto 180 de 182), destruyó el Estado de Derecho y explica faltas de insumos, infraestructura y el éxodo de más de 8,7 millones de venezolanos según la ACNUR. Ejemplos como Medellín muestran recuperación posible en seguridad.
El desafío post-Maduro incluye crear justicia independiente, atraer cooperación internacional y repatriar migrantes con experiencia para dinamizar la economía. La migración masiva, con familias cruzando el Darién, es la huella de la debacle chavista, pero ofrece potencial humano para reconstrucción si se garantiza impunidad como excepción.