En la Venezuela post-Nicolás Maduro, el gobierno interino de Delphi Rodríguez busca aliarse con Estados Unidos para reconstruir la industria petrolera destruida por el chavismo, que cayó de 3,2 millones de barriles diarios a medio millón en 2020 debido a corrupción, despidos y desinversión. La infraestructura está devastada por el clientelismo y nacionalizaciones bajo Hugo Chávez.
El sistema educativo colapsó con la Universidad Central de Venezuela, ícono de modernidad en los 50, ahora en decadencia; la UNESCO reporta las mayores pérdidas de profesores por salarios bajos de 21 dólares mensuales, según la Federación Venezolana de Maestros. La educación básica sufre 72% de deserción docente, 46% menos matrícula y más de la mitad de escuelas deterioradas, agravado por falta de servicios y migración masiva.
Los derechos humanos empeoraron desde 2014 con detenciones arbitrarias, torturas y cierre de más de 60 medios, según la ONU y la Sociedad Interamericana de Prensa. La criminalidad explotó a 92 homicidios por 100.000 habitantes en 2016, impulsada por megabandas como el Tren de Aragua, aunque bajó por hiperinflación, surgiendo economías ilegales como minería con posible presencia del Grupo Wagner.
La salud pública está en crisis con solo 4 de 10 quirófanos operativos y 74% de desabastecimiento en quirófanos, según Médicos por la Salud y El Nacional; éxodo de personal y fallas en servicios persisten pese a cooperación internacional de la OPS. Ejemplos como Chile post-Pinochet y Medellín muestran recuperación posible en derechos, seguridad y educación con reinstitucionalización y cooperación.
La reconstrucción debe priorizar educación como cimiento, libertades, seguridad y salud, con voluntad docente y retorno de migrantes, para generar empleo, diversificar economía y garantizar derechos sin miedo a persecución.