En la Venezuela post-Nicolás Maduro, el gobierno interino de Delphi Rodríguez alia con Estados Unidos para revivir la industria petrolera destruida por el chavismo, que redujo la producción de 3,2 millones de barriles diarios a apenas medio millón en 2020 por despidos masivos, corrupción y falta de mantenimiento.
La infraestructura nacional está devastada por el uso político de la renta petrolera, nacionalizaciones y corrupción bajo Hugo Chávez: empresas como CanTV, Corpoelec se politizaron, causando fallas eléctricas en más del 60% de hogares, interrupciones de agua en el 70% y cortes de luz de 8 horas diarias en ciudades andinas. La CEPAL registra caída de inversión pública y deterioro en puertos y aeropuertos.
La industria opera al 40% de capacidad, con solo 250.000 empresas activas frente a 620.000 en 1999 por expropiaciones masivas; el aparato productivo se contrajo un 75%. La economía rentista, profundizada por el chavismo, priorizó clientelismo sobre desarrollo, pero expertos proponen reactivación con créditos y resolución de cuellos de botella para crecer un 20% anual.
El sistema educativo colapsó: la Universidad Central de Venezuela, ex ícono regional, sufre abandono; hay 72% deserción docente, 46% menos matrícula y más de la mitad de escuelas deterioradas. Profesores ganan 21 dólares mensuales, impulsando migración masiva según UNESCO y Federación Venezolana de Maestros.